Casi dos meses después de la confirmación del primer caso de coronavirus en la Argentina, el COVID-19 ingresó a un penal bonaerense. En medio de la cuarentena obligatoria, el 19 de abril, el preso Julián Arakaki, de 49 años, alojado en la Unidad N°42 de Florencio Varela dio positivo de coronavirus y encendió las alarmas de todos los presos del país. Ese día, Arakaki se transformó en el primer detenido infectado del país.
A partir de allí, el miedo a que el virus entre a los penales se esparció entre los detenidos. Luego, una serie de motines en La Plata y Florencio Varela, primero, que produjeron escenas dantescas viralizadas por WhatsApp y hasta un detenido murió a tiros con una penitenciaría acusada.
Sin embargo, el punto culmine fue el violento motín en el penal de Villa Devoto el 24 de abril pasado. Los presos se adueñaron de los techos de la cárcel con arpones y mantas, reclamando que no querían morir allí dentro infectados. El hecho ocurrió cinco días después del resultado positivo de Arakaki, hoy recuperado.
A las pocas horas, el conflicto se zanjó y comenzaron una serie de mesas de diálogo entre los convictos y distintos funcionarios. Pero el miedo continuó y los contagios se multiplicaron dentro de las cárceles y comisarías.
Así lo marcó el último informe realizado por el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT) Según el estudio, en el país hay 130 presos que se contagiaron COVID-19 en contexto de encierro. El informe divide los lugares de detención en dos: unidades penitenciarias y comisarías.
En el primero hay 66 y en el segundo 64, se indica.
De este modo, en comparación con otros países del mundo, la situación se mantiene dentro de una tensa calma, a pesar de ser un sistema sobrepoblado con 45 mil presos en la provincia de Buenos Aires, más de 11 mil a nivel federal. Por ejemplo, en el estado de Nueva York se encuentra una de la prisiones más famosas del mundo: Rikers Island, célebre por el encierro de mafiosos, repetida en series y películas. Allí, la situación fue crítica.
El 1 de abril tuvieron que liberar a 900 presos porque en menos de 12 días los contagios dentro del penal habían aumentado a 200, 70 casos más que en todo la Argentina a casi cuatro meses de inicio de la cuarentena.
Sin embargo, según el informe, hay números que preocupan. En Corrientes, por ejemplo, el número de contagiados dentro de cárceles asciende a 27 y en el Sistema Federal Penitenciario a 29, donde la mayor cantidad de contagios se dio en el penal de Devoto.
Dentro de comisarías, la provincia de Chaco es una de las más afectadas por la pandemia: cuenta con 2793 casos positivos, lidera la lista con 29 detenidos con COVID-19.
Además, el informe señala que después de Chaco la Ciudad de Buenos de Aires es donde más casos positivos aparecieron dentro de dependencias policiales: 23.
Por otro lado, la provincia de Buenos Aires, el lugar donde hay más densidad de población en el país y cuenta con el territorio más extenso, los casos aparentan ser pocos, al menos en lo que las autoridades reconocen. En unidades penitenciarias, 10, y en comisarías, 12.
El número en penitenciarías fue actualizado hoy por fuentes del SPB: ya son 14 en total.
No obstante, en el territorio bonaerense fue donde más protestas los detenidos realizaron desde el inicio de la cuarentena obligatorios frente a la pandemia, se produjeron: 9 del total de 38 a lo largo del país. Luego, la provincia de Mendoza con 5. En Santa Fe y en Rio Negro hubo, 4, y en Córdoba, Corrientes y Entre Ríos, 3.
De este modo, el coronavirus cambió el mapa de las cárceles. Cambió su dinámica, su vida cotidiana. Por ejemplo en el Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB), por acuerdo de los internos y a la demanda de las autoridades se prohibieron las visitas. Luego, una decisión judicial permitió el uso de teléfonos celulares para comunicarse con familiares, sin permiso para emplear redes sociales. Los bagayos, los paquetes de mercadería, son desinfectados e inspeccionados antes de que lleguen a los internos.
Por otra parte, el SPB comenzó un proceso de contención psicológica. Ciento veinte profesionales comenzaron a atender a detenidos por sistemas como Zoom y Google Meet, en reemplazo de las consultas presenciales. El programa estará coordinado por el área de Salud Mental y Adicciones de la Dirección Provincial de Salud Penitenciaria, los psicólogos y psicólogas que prestan servicio en esa dependencia, en el Servicio Penitenciario Bonaerense y en la Dirección Provincial de Acceso a la Justicia.
La tensión por la falsa información puede explotar: la circulación de un supuesto audio de un médico fue lo que desencadenó el disturbio que terminó con el asesinato de Federico Rey en la Unidad N° 23 en abril pasado.
Mientras tanto, la violencia asesina por el miedo al virus vuelve a las cárceles nacionales. Durante la tarde de este jueves, internos de la Unidad N°1 de San Salvador de Jujuy localizada a unas pocas cuadras del centro de la capital provincial realizaron un motín en reclamo de mejores condiciones ante la emergencia sanitaria. Un grupo de violentos armado con palos incendió colchones ante el rumor de posibles casos. Efectivos de fuerzas de seguridad respondieron con balas de goma: dos detenidos resultaron muertos.
En la provincia de Buenos Aires, una nueva comisaría se convierte en un foco infeccioso. Cuatro efectivos de la dependencia La Unión, ubicada en la avenida 137 entre 524 y 525 del barrio San Carlos de La Plata, resultaron con un diagnóstico positivo. Otros once policías fueron aislados. A comienzos de mes se desinfectaron siete comisarías de la jurisdicción. A fines de junio, la Comisaría 9°, en la esquina de la calle 5 y 59 se había convertido en un punto caliente a mediados de este mes, cuando se confirmaron al menos ocho casos de COVID-19. Un ladrón que había sido detenido en la seccional y estaba infectado fue trasladado al hospital Rossi. Se escapó y fue recapturado.
La Procuración Penitenciaria de la Nación estableció en un nuevo informe que en un año se pasó de 14200 en el sistema federal a poco más de 11 mil, una capacidad del 96 por ciento, es decir, el sistema de cárceles que dependen del Ministerio de Justicia de la Nación ya no está sobrepoblado: el 34 por ciento de los excarcelados salió con arresto domiciliario, solo el 13 por ciento cumplió su pena, 841 de ellos salió en la segunda quincena de abril. El mismo informe habla de 53 contagiados hasta julio inclusive en el SPF, 66 en alcaldías de la Policía de la Ciudad, 120 casos en total en su propio informe.
Mientras tanto, los detenidos en penales bonaerenses miran con recelo a los que llegan desde comisarías. El coronavirus se vuelve el tema predominante en sus charlas de WhatsApp.
“Estamos todos aislados acá, papá, viene uno de una comisaría y lo esquivamos, estamos todos con fiebre, dolores. Está brava la cosa, no estamos bien, la tensión viene arriba”, dice un veterano en un pena de Florencio Varela, que se comunica con otros detenido de la zona:hablan de gran cantidad de aislamientos en pabellones y de una marcha que se organizará en los próximos días por familiares de detenidos: su fecha tentativa es el sábado 25 de este mes.
(infobae)
